lunes , 25 noviembre 2024

“Soy presa política”: Tribunal condena a 10 años de prisión a expresidenta boliviana Jeanine Áñez

Los fiscales encargados de dar a conocer el fallo aseguraron que la abogada fue condenada por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”, relacionados con el papel que desempeño en noviembre del 2019, cuando asumió la presidencia de su país tras la precipitada y obligada renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien se refugió en México.

La senadora por la región del Beni (noreste de Bolivia) era también segunda vicepresidenta del Senado. El 12 de noviembre del 2019, tras la partida de Evo Morales y las renuncias del vicepresidente de país, el titular de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, asumió el cargo blandiendo una Biblia en la mano y con la bandera nacional como capa.

“Nunca busqué el poder. Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso. Lo volvería a hacer si tuviera oportunidad”, aseguró ante los jueces.

El juicio y su resultado siguen dividiendo a los bolivianos. El ministro de Gobierno actual dijo en redes sociales “hoy se ha hecho historia”, en tanto que el abogado de Añez acusó a los magistrados y la justicia boliviana pues “no corresponde juzgar a un ex gobernante por la vía ordinaria, sino que debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso”.

La justicia boliviana condenó a seis exjefes militares y policiales, entre otros el ex jefe del Estado Mayor Flavio Gustavo, el ex comandante Pastor Mendieta (ejército), el ex comandante de la Policía Yuri calderón y el ex comandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán. Los dos últimos se encuentran prófugos.

La ex mandataria es también señalada en otro juicio, esta vez por “genocidio”, a raíz de una denuncia de familiares de víctimas de la represión que se produjo luego que Añez asumió el poder. Este caso será tratado por el Congreso boliviano.

Jeanine Añez fue detenida en marzo del 2021, acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, cargos por los que la Procuraduría General del estado había solicitado 15 años de cárcel.

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