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Cerca de 1.500 millones de pesos ($1.482.621.018) aprobó este martes el Consejo Regional de Tarapacá que preside el gobernador José Miguel Carvajal, para el proyecto presentado por la Fiscalía Regional, cuyo objetivo es mejorar la persecución penal de los delitos relacionados a organizaciones criminales locales y transnacionales y, también, de los delitos que más afectan a la población y que generan mayor impacto en la victimización ciudadana.
Por unanimidad, las consejeras y los consejeros, manifestaron su apoyo a esta inédita iniciativa que permitirá mejorar cuatro áreas de trabajo de la fiscalía: el trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que busca detectar y desarticular bandas organizadas transnacionales y bandas criminales que estén operando en la región; el trabajo de persecución penal de las fiscalías locales de Iquique, Alto Hospicio y El Tamarugal, con especial énfasis en acelerar la tramitación de los delitos que más afectan a la ciudadanía, como los robos con violencia e intimidación, amenazas, daños y lesiones entre otros.
También, el trabajo de atención y proyección que brinda la Unidad Regional de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y, por último; adquirir equipamiento tecnológico que permita mejorar la dirección de las investigaciones en delitos violentos y relacionados con bandas criminales nacionales, a fin de actuar más rápida y eficazmente, apoyando las diligencias que habitualmente deben realizar las policías.
El fiscal regional, Raúl Arancibia, quien entregó detalles de esta iniciativa en la comisión de Seguridad Ciudadana del CORE durante la semana pasada, agradeció el apoyo del Gobierno Regional. “(Estos son) recursos muy importantes que vienen a ayudarnos a la labor que realizan cada una de las tres fiscalías locales de la región y también en la lucha que estamos enfrentando con organizaciones de mayor poder, organizaciones criminales”, aclaró.
Sobre el uso de los recursos regionales, el fiscal explicó que están destinados, fundamentalmente, en aumentar el personal en 20 personas; profesionales y administrativos que apoyarán el trabajo de las fiscalías locales de Iquique, Alto Hospicio y El Tamarugal; de la Unidad de Víctimas y Testigos y las labores de análisis criminal y forense.
En tanto, el gobernador Carvajal agregó que esta es una señal importante para la comunidad. “Este gobierno regional tiene la convicción y la responsabilidad de enfrentar la situación de inseguridad, desde el lugar que a nosotros nos corresponde, que es el de los recursos. Nosotros no elaboramos un plan de seguridad, no tenemos facultades para coordinar a las policías, pero sí tenemos presupuesto y estamos convencidos que donde podemos colaborar, vamos a estar presentes”, puntualizó.
La autoridad señaló que, en los últimos 15 meses, el Gobierno Regional ha destinado más de 6.100 millones de pesos a iniciativas de seguridad para las policías, los municipios y organizaciones vecinales.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad ciudadana del CORE, Sergio Asserella, manifestó que “hay una predisposición de todo el Consejo Regional, no solo en el tema presupuestario y de poder poner a disposición los dineros que sirven para este tipo de situaciones que es bastante sensible y delicada, sino que además estamos ‘en una parada’ de manera de apurar proyectos porque la burocracia nos entrampa en poder adquirir estos equipamientos, en el caso de carabineros y PDI aprobar un proyecto hoy día significa que lleguen vehículos en 8 meses más y en eso estamos todos los consejeros, apurando los proyectos, para que no nos gane la burocracia no nos gane la delincuencia”.
El proyecto será financiado con dineros aportados por el Gobierno Regional de Tarapacá en un periodo de tres años, siendo el aporte de este 2022, de 286 millones de pesos.
