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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró este domingo que el escándalo entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que marcó el inicio del denominado caso convenios, es un hecho de “corrupción” y un ejemplo de los problemas estructurales que hay en materia de asignación de recursos, los que deben ser resueltos en el corto plazo.
“Tenemos un problema estructural, ese problema estructural hay que resolverlo y yo creo que va a ser inevitable en la ley de presupuestos. En segundo lugar, una cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos para un uso discrecional, en algunos casos, arbitrario”, detalló Cordero en entrevista con Mesa Central de Canal 13.
A su análisis, el secretario de Estado sumó que hay situaciones que “derechamente tienen que ser calificadas como corrupción (…) creo que Democracia Viva es un caso“.
“Definamos para estos efectos qué es lo que se entiende tradicionalmente como corrupción. Lo primero, es que usted puede entender corrupción como la infracción a la ley o la comisión de delitos, como cohecho. Pero hay una segunda excepción, que es la que en principio nosotros deberíamos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito”, puntualizó el titular de Justicia.
En esta línea, indicó que “en esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de casos de corrupción”, como lo ocurrido con Democracia Viva, en el que se produjo “la suscripción de un acuerdo con conflicto de interés, una asignación directa. No tomó los resguardos en relación a un régimen de garantía, porque inmediatamente transfirió, podría haber transferido parcialmente”.
“Cuarto, un contrato o un convenio en el que el plan de trabajo se presentó con mucha posterioridad. Quinto, un mecanismo de rendición que no se cumplió adecuadamente“, profundizó la autoridad al medio antes citado.
Finalmente, Cordero aseguró que cuando uno “pasa eso por un test y la auditoría no lo resiste, es altamente probable que la auditoría de la Contraloría sea extremadamente severa, al menos en estos cinco puntos”.
