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El Juzgado de Garantía de Iquique dejó este martes 8 de marzo, sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional a J.D.H.A. y A.E.L.V., imputados por el Ministerio Público como autores del delito de lavado de activos. Hechos perpetrados en 2018, en el marco del caso conocido como “Recambio de luminarias LED”.
Según informó el Poder Judicial, en la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Verónica Opazo Miranda acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, por considerarla adecuada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, mantuvo el plazo de investigación, el cual concluye el 8 de mayo próximo.
Según el ente persecutor, en el marco de una investigación iniciada el 2018 que permitió detectar que los concejales G.C.V., A.L.V., M.C.T. y F.A.L., y los funcionarios de la Municipalidad de Iquique D.V.B., T.V.F. y R.G.C. habrían acordado otorgar licitaciones de recambio de luminarias, postes metálicos y alambrado subterráneo de la ciudad a las empresas Itelecom y Elec Chile, la que les habría ofrecido beneficios económicos por asegurar la adjudicación.
Con el objeto de ocultar el origen del dinero, los representantes de la empresa Itelecom y los intermediarios, concertados con el imputado J.D.H.A., hicieron maniobras tendientes a la ocultación o simulación del origen ilícito destinado al pago de sobornos consistentes en que la empresa de J.D.H.A., generó a Itelecom tres facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados, con el objetivo de justificar las salidas de fondos desde las cuentas de Itelecom, por un monto 171 millones 354 pesos, precisó el Poder Judicial.
Así, tras recibir los pagos de las facturas, J.D.H.A. giró el dinero para entregarlo en efectivo a los intermediarios de las empresas C.U.B. y J.V.P., previo pago de una comisión por dicha gestión.
Tras la adjudicación, los representantes de Itelecom L.M.L. P.G.G. y el intermediario C.U.B. entregaron el dinero al intermediario local J.V.P., quien el 26 de octubre de 2018 viajó a Santiago en avión para recibir el dinero en efectivo correspondiente a sobornos de los concejales y el funcionario T.V.F. Desde la capital, J.V.P. volvió por tierra y una vez en Iquique procedió a repartir el dinero, según lo acordado.
Luego, desde el 28 de octubre de 2018 y a la fecha de sus detenciones los cuatro concejales, el funcionario municipal T.V.F., el intermediario J.V.P. y su pareja A.E.L.V., a sabiendas del origen ilícito de los dineros recibidos realizaron actos de lavado de activos para dar una apariencia de legalidad, introduciéndolos al sistema financiero.
Durante la investigación, se pudo establecer que los imputados realizaron a lo menos maniobras de lavado de activos; tales como: depósitos en efectivo, compras de vehículos e inmuebles, remesas enviadas al extranjero, diversificación del dinero en varias cuentas bancarias y prepago de créditos, entre otras.
En el caso de A.L.V., el ente persecutor le imputa actuar como testaferro, utilizando el vehículo adquirido por J.V.P. y, inscrito a su nombre, conociendo su origen ilícito.
En la audiencia, además, el Ministerio Público procedió a la reformalización de la investigación respecto a los concejales F.A.L., M.C.T. y A.L.V, por los delitos de cohecho reiterado y fraude al fisco; en tanto, al concejal G.C.V. se le imputó por cohecho reiterado, fraude al fisco y lavado de activos.
En tanto, a los funcionarios municipales: D.V.B. se les sindicó responsabilidad en los delitos de cohecho y violación de secreto; T.V.F. cohecho, fraude al fisco, violación de secreto y lavado de activos; y R.G.C. solo cohecho.
Asimismo, se imputó al representante de Itelecom por los delitos de soborno reiterado, fraude al fisco y lavado de dinero; y a los intermediarios C.U.B. y J.V.P., por los delitos de soborno y lavado de activos.
Fiscalía
Los fiscales Gonzalo Guerrero y Eduardo Ríos formalizaron a los imputados J.H.A. y A.L.V. por el delito de lavado de dineros, indicando que el primero de ellos era representante legal de una empresa de estacionamientos, y concertado con los imputados representantes de Itelecom, generó facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados para justificar las salidas de dinero desde las cuentas de Itelecom, dinero que correspondía al pago de los sobornos a los funcionarios públicos imputados en esta causa.
Así, el imputado J.H.A. habría emitido tres facturas por un monto superior a los 171 millones de pesos. Una vez que recibió el pago de estas facturas por parte de Itelecom, giró el dinero y se lo entregó en efectivo al imputado C.U.B. -que era el intermediario de Itelecom-, previo descuento de los impuestos a pagar y de una comisión por la gestión.En el caso de la imputada A.L.V., la Fiscalía detalló que ella actuó como testaferro de su pareja el imputado J.V.P., ya que éste habría adquirido con el dinero recibido por el soborno, un vehículo nuevo marca Mazda CX3 por el valor de 12 millones de pesos y lo puso a nombre de la imputada, quien conocía el origen ilícito del dinero usado para comprarlo.
En la audiencia, los fiscales también precisaron los actos de lavado de dinero efectuados por los otros imputados que ya habían sido formalizados por este delito, dado cuenta de las diversas acciones realizadas por cada uno para ocultar el dinero recibido por las coimas.
Además, la Fiscalía detallo la maniobra que permitió defraudar al Fisco, indicando que los representantes de Itelecom, en conocimiento de los antecedentes de la licitación y del aseguramiento de la adjudicación, aumentaron artificialmente la oferta económica en a lo menos 500 millones de pesos, los cuales estaban destinados a pagar los sobornos comprometidos.
Fuente: Soy Iquique
