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El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció este viernes que se está “viendo un golpe de Estado en curso” por las recientes acciones en contra de su partido, a poco menos de cinco meses para su investidura.
Arévalo de León acusó directamente de provomer “acciones golpistas” a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; a un juez penal y a la Junta Directiva del Congreso, presidida por el partido oficial, como los promotores del golpe de Estado.
“Estas acciones constituyen un golpe de Estado, que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la Justicia en nuestro país”, dijo Arévalo de León, quien resultó electo en el balotaje del pasado 20 de agosto.
El represetante del partido Movimiento Semilla, indicó que el “golpe de Estado” está fraguado también por el fiscal Rafael Curruchiche y “otros actores corruptos”, quienes intentan “romper el orden constitucional y violentar la democracia”.
Bernardo Arévalo de León explicó que el “el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”.
De acuerdo al actual diputado, el “golpe de Estado” se está “llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas, e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.
De igual forma, el presidente electo explicó que observan una “contradicción” en las acciones de las actuales autoridades respecto al proceso de transición.
“Por un lado vemos la formalidad protocolaria del presidente (Alejandro Giammattei) y al mismo tiempo existe este plan consecutivo de golpe de Estado”, explicó Arévalo de León.
El académico de 64 años pidió a la población “su respaldo” y lanzó un llamado para “defender lo más sagrado que es el voto”.
La persecución contra Arévalo de León y su partido inició después de su sorpresivo avance a segunda vuelta en las elecciones del 25 de julio.
Desde el pasado 12 de julio, el Ministerio Público (Fiscalía) y el juez penal Fredy Orellana han intentado cancelar al partido por un supuesto caso de firmas falsas durante la constitución del partido en 2018.
