Radio La Nueva Super 91.9 Iquique
Este jueves hace justamente un año que comenzó en Colombia el llamado estallido social, una ola masiva de protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país en plena pandemia de COVID-19.
En ese entonces, el proyecto de una reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Iván Duque se convirtió en el detonante principal de las manifestaciones.
El Gobierno colombiano, que días después tuvo que dar marcha atrás a su propuesta tributaria, no logró calmar la situación.
El abuso de la fuerza, violaciones a los DDHH y enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes marcaron las protestas.
Los enfrentamientos dejaron miles de heridos, decenas de desaparecidos, más de 70 muertos y otros daños colaterales.
Si bien el rechazo a la reforma tributaria se considera como el punto de inflexión en las masivas manifestaciones, el estallido social colombiano aglutina varias disconformidades.
Lo anterior, derivadas del mal manejo por parte del gobierno en materias de seguridad, educación y salud, también de la pandemia de coronavirus, y de la crisis económica derivada de esta, entre otras cosas.
“Las causas estructurales del descontento social, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, sigue siendo una preocupación. Y los jóvenes, sobre todo, demandan un cambio, más oportunidades de educación y de empleo. Una democracia y un sistema económico social más inclusivo y equitativo”, explicó a DW Stefan Reith, director de Konrad Adenauer (KAS) en Colombia.
Durante los días previos, diferentes grupos y organizaciones sociales hicieron un llamamiento a los colombianos para salir a las calles de diferentes ciudades del país, con el fin de conmemorar un año del inicio del también llamado “estallido social”.
Si bien la intensidad de las manifestaciones se ha reducido, el país aún no ha podido recuperarse de lo acontecido hace un año: “Hoy se esperan convocatorias a paros y movilizaciones precisamente en conmemoración de todas las personas que fueron asesinadas en ese periodo.
Las cosas no se han tranquilizado porque no existe ni una sola condena en contra de los responsables de estos crímenes y las investigaciones están bastante estancadas”, dijo a DW Sebastián Lanz, codirector ejecutivo de Temblores.
Se trata de una ONG que registró más de 5.000 hechos de violencia policial y 42 homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública.
