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Durante esta jornada asumió la nueva contralora (s) Dorothy Pérez. En su primer día, a través de una resolución y advirtiendo «equipos sobredimensionados», redujo de 9 a 3 las unidades. Además, con la finalidad de priorizar el control y respetar el principio de probidad administrativa, anunció la creación de la división de Gobiernos Regionales y Municipalidades al interior del ente contralor.
Tras la salida de Jorge Bermúdez, este lunes asumió Dorothy Pérez como controladora contralora subrogante en la Contraloría General de la República.
Durante su primera jornada al mando de la CGR, Pérez solicitó la renuncia del jefe de gabinete, Tomás Mackenney. Asimismo, dictó dos resoluciones: una vinculada a la reestructuración y otra sobre la creación de una nueva división al interior del ente controlador.
En cuanto a la primera, la nueva contralora (s) advirtió sobre la cantidad de funcionarios hasta antes de su llegada. De esta manera, redujo de 9 a 3 las unidades.
“Se advierte que el gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones”, dice la resolución.
Agregando que “existen Unidades de Control Externo a nivel regional que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”. De esa manera, se concretó la eliminación de seis unidades del gabinete.
En la misma línea, la resolución firmada por Pérez Gutiérrez señala que el gabinete de la Contraloría General de la República -que tiene tareas principalmente de soporte y no sustantivas de línea- “ha llegado a contar con una dotación funcionarial de 133 personas, que representan un 6,09% de la dotación total de la institución”.
“Por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, pues además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas, como se aprecia en su organigrama”, agrega.
DIVISIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES
Entre los otros cambios relevantes, y a donde se irá el personal de las unidades retiradas, el ente fiscalizador anunció la creación de la división de Gobierno Regionales y Municipalidades en el organismo.
Lo anterior, indicaron, por la necesidad que existe en realizar ajustes para priorizar el control, atendida su particular relevancia. Ante esto, se busca fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Además, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal.
Asimismo, de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos, respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría.
LAS FUNCIONES DE LA NUEVA DIVISIÓN
En el documento firmado por la contralora general (s), Dorothy Pérez Gutiérrez, se indica que las funciones de la nueva división están relacionadas -entre otras- establecer directrices o lineamientos generales que orienten el ejercicio de las funciones jurídicas.
Además, de la auditoria e inspección de la Contraloría General, específicamente en lo que concierne al ámbito de competencias de gobiernos regionales y municipios, que serán de observancia obligatoria por las Contralorías Regionales.
Igualmente se busca detectar, informar y alertar a la jefatura de servicio acerca de riesgos transversales que existan tanto en la normativa, como en las políticas, planes, programas u operaciones propias del ámbito municipal o de los gobiernos regionales.
De esta forma, se busca proponer controles y mejoras, para la emisión de instrucciones o, en su caso, su incorporación en el informe de cuenta pública, al tenor de lo previsto en el artículo 143, letra c), de la Ley N° 10.336.
Por otro lado, se espera que la división proponga, a la jefatura superior de la Contraloría General, los proyectos de dictámenes relativos a materias propias de la legislación municipal y de los gobiernos regionales, teniendo especialmente presente el cumplimiento de los plazos legales para ello.
Asimismo, examinar las cuentas de ingresos y gastos de los gobiernos regionales y de las municipalidades, según la cobertura de control que se le asigne y, en todo caso, sujetándose siempre a las directrices generales o especiales que se le impartan en conformidad al artículo 27 letra d) de la Ley N° 10.336.
Fuente: Bio-Bio
