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La diputada Catalina Pérez, suspendida de Revolución Democrática, aseguró que la primera semana de junio alertó a su partido y al Gobierno de una denuncia contra la fundación Democracia Viva.
Cabe recordar que el medio Timeline reveló el 16 de junio que la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasó $426 millones a Democracia Viva para desarrollar tres proyectos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
¿Por qué Pérez se vio involucrada? Porque el entonces seremi, Carlos Contreras, fue su jefe de gabinete durante su primer período parlamentario, y el representante legal de la fundación era su entonces pareja Daniel Andrade.
Tras ello, la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación por los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
La diputada, que en ese entonces era vicepresidenta de la Cámara, afirmó en reiteradas oportunidades que no estaba involucrada en ningún ilícito y que nunca intervino en ninguna operación de Andrade. Sin embargo, Revolución Democrática decidió suspender su militancia.
Ahora, en entrevista con La Tercera, dice que informó a su propio partido y al Gobierno a principios de junio sobre una denuncia contra Democracia Viva.
De acuerdo a Pérez, había “una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremi de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva- Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios (del Serviu)”.
“En esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte del seremi, que había un trato privilegiado, que habría un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa”, detalló.
Según relata, esta acusación no tenía que ver con el traspaso de los $426 millones, sino que era “información bien difusa”. Asimismo, agregó que “nunca supe el monto de los convenios, la modalidad de asignación ni cómo se entregaban estos recursos que eran vía trato directo”.
En ese contexto, indica que traspasó los datos que manejaba al entonces presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.
Además, cuenta que pidió explicaciones a su pareja de ese momento, Daniel Andrade, pero que este aseveró que todo estaba en orden. “Jamás pensé que ellos (Andrade y Contreras) pudiesen haber estado haciendo algo malo, irregular, o que algo de lo que me estaban diciendo no era real”, sostuvo.
Hasta ahora, la denuncia de los funcionarios del Serviu era conocida. De hecho, el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia a la subsecretaria Rojas por conocer de antemano estos hechos y no informar de manera inmediata al ministro Carlos Montes.
Sin embargo, la diputada Catalina Pérez no había explicitado que fue ella quien dio a conocer esta acusación tanto a su colectividad como a La Moneda.
Fuente: Bio-Bio
